Este mes, el Tribunal Constitucional italiano emitió la Decisión n.º 63/2026, tras la audiencia celebrada en marzo, ofreciendo mayor claridad sobre el marco legal que regula la ciudadanía por descendencia (jus sanguinis). La sentencia representa otro avance clave en la jurisprudencia en evolución sobre el reconocimiento de la ciudadanía italiana.
La decisión se basa en la evaluación anterior del Tribunal sobre la Reforma de 2025 y aborda cuestiones constitucionales adicionales planteadas por los tribunales inferiores. Si bien la sentencia parece confirmar la legitimidad general de las recientes restricciones legislativas, también deja abiertas ciertas cuestiones interpretativas que podrían seguir generando litigios. (Aquí puedes leer nuestro artículo anterior basado en el comunicado de prensa del 11 de marzo de 2026.)
Antecedentes: el panorama legal posterior a la Reforma
Tras la adopción de la Reforma de 2025 (Decreto-Ley n.º 36/2025, convertido en la Ley n.º 74/2025), Italia introdujo límites significativos al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia para las personas nacidas en el extranjero. La Reforma marcó un alejamiento de la interpretación tradicionalmente amplia del jus sanguinis, que anteriormente permitía reclamar la ciudadanía italiana a lo largo de múltiples generaciones sin limitaciones estrictas.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional reafirmó la validez de la estructura central de la Reforma. Sin embargo, quedan dudas sobre su aplicación en los casos de ciudadanía transmitida a través de generaciones anteriores (tercera y siguientes), dejando margen para una continua incertidumbre jurídica y nuevas impugnaciones constitucionales.
El caso ante el Tribunal
La decisión surge de una nueva remisión que cuestionaba la compatibilidad de aspectos del marco actual con los principios constitucionales, en particular en relación con la transmisión intergeneracional y la pérdida de la ciudadanía.
El punto central es la interpretación de la legislación anterior a la reforma —sobre todo la cuestión de la “minoría de edad”— y su interacción con el marco constitucional moderno. El Tribunal de Turín planteó preocupaciones específicas sobre la transmisión o pérdida automática de la ciudadanía italiana a través de generaciones anteriores (incluidos los descendientes de tercera y cuarta generación), especialmente cuando las personas nacieron antes de la reforma, así como sobre los efectos de la naturalización de los padres en los hijos menores.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Constitucional adoptó una posición matizada.
Por un lado, reafirmó la amplia discrecionalidad del legislador italiano para regular la ciudadanía, confirmando que estas decisiones de política están sujetas a un control constitucional limitado, como ya indicó el comunicado de prensa de marzo de 2026.
Por otro lado, la Decisión n.º 63/2026 introduce una lectura más crítica de las normas históricas que regulaban la transmisión de la ciudadanía, en particular cuando la ciudadanía se perdía automáticamente sin el consentimiento ni el conocimiento del interesado (como en el caso de los menores que perdían la ciudadanía por la naturalización de los padres).
Aunque el Tribunal no desmanteló el marco existente, subrayó la necesidad de una interpretación más equilibrada, que tenga en cuenta el vínculo del individuo con la ciudadanía italiana, el principio de proporcionalidad y la evolución de la protección constitucional de los derechos individuales.
Tras la decisión, nuevos recursos presentados ante el Tribunal de Casación buscan reevaluar aspectos clave de la jurisprudencia sobre ciudadanía a la luz del razonamiento del Tribunal Constitucional, lo que indica una incertidumbre jurídica persistente y una evolución continua.
Próximos pasos
Como en sentencias anteriores, el impacto práctico de la Decisión n.º 63/2026 dependerá de su interpretación por parte de los tribunales inferiores y, en particular, de las Secciones Unidas del Tribunal de Casación (Sezioni Unite della Corte di Cassazione), con una audiencia prevista para junio de 2026.
Por ahora, la decisión confirma una doble trayectoria: la Reforma de 2025 sigue en vigor, mientras que la interpretación constitucional de las normas de ciudadanía italiana —especialmente en su aplicación bajo los marcos legales anteriores— continúa evolucionando.
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Artículo por Isabella Rossi, Esq.
Miembro del Colegio de Abogados de Roma