El Decreto-Ley n. 36/2025 del gobierno italiano introduce cambios importantes en las leyes de ciudadanía italiana. Su objetivo es regular el creciente número de solicitudes de ciudadanía y garantizar un vínculo más sólido entre los solicitantes e Italia. Este artículo ofrece un análisis del marco legal y las motivaciones detrás de la Reforma 2025 (ver nuestro artículo sobre la Reforma 2025).
Contexto histórico de las leyes de ciudadanía italiana
La ciudadanía italiana puede adquirirse de diversas maneras, incluyendo naturalización y matrimonio. Sin embargo, la característica definitoria del modelo italiano sigue siendo el principio de jus sanguinis —por línea de sangre o descendencia—, históricamente la vía predominante. Los hitos legislativos clave incluyen:
- Ley 555/1912: reconocía a los ciudadanos italianos descendientes de un antepasado italiano, nacido o residente después de 1861, siempre que la línea de descendencia permaneciera ininterrumpida.
- Reforma Constitucional de 1948: reconoció el derecho de las mujeres a transmitir la ciudadanía italiana a los hijos nacidos después de 1948, hasta entonces limitado a la línea paterna. Siguiendo los nuevos principios de igualdad de género de la Constitución italiana de 1948, el Tribunal Supremo italiano declaró posteriormente que la Ley 555/1912 discriminaba a las mujeres (ya que los hombres no tenían tal limitación) y estableció que las mujeres nacidas antes de 1948 podían transmitir la ciudadanía de forma retroactiva a sus descendientes.
- Ley 91/1992: eliminó la obligación de renunciar a la ciudadanía italiana al adquirir otra nacionalidad.
Hasta marzo de 2025, la ciudadanía italiana por descendencia no tenía límites generacionales, lo que permitía que los descendientes de emigrantes italianos solicitaran el reconocimiento de la ciudadanía siempre que tuvieran un antepasado italiano vivo después de la formación del país en 1861. Esto la convertía en una de las legislaciones de nacionalidad más accesibles de Europa, siempre que los descendientes pudieran acreditar documentalmente su vínculo con sus antepasados. Esta ausencia de restricciones provocó un aumento de las solicitudes, especialmente en países con importantes comunidades de la diáspora italiana, como Argentina, Brasil y Estados Unidos.
Aumento de solicitudes y saturación administrativa
Durante la última década, el número de solicitudes de ciudadanía creció de forma sostenida, con un incremento estimado del 40 % entre 2014 y 2024. Entre los principales factores que explican este aumento se encuentran:
- La ausencia de límites generacionales, a diferencia de otros países europeos que imponen condiciones más estrictas a la ciudadanía por descendencia (por ejemplo, Irlanda, Portugal, Polonia, Lituania y Letonia).
- La el «poder» global del pasaporte italiano que permite el acceso sin visado a 175 países (Arton Passport Index).
Sin embargo, este crecimiento acelerado de los últimos diez años saturó a las instituciones administrativas italianas. Los consulados, tribunales y municipios italianos tuvieron dificultades para gestionar el volumen de solicitudes, lo que provocó retrasos importantes.
En la última década, el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentó un 40 %, al pasar de 4,6 millones a 6,4 millones en 2024, en gran medida por el reconocimiento de nuevos ciudadanos.
Los consulados italianos no han podido seguir el ritmo del creciente número de solicitudes de ciudadanía, lo que ha generado graves acumulaciones en muchas jurisdicciones y hace casi imposible conseguir una cita. En 2023, los consulados italianos resolvieron 69.056 solicitudes, mientras que otras 135.197 permanecían en lista de espera: un aumento del 27 % en solicitudes resueltas y del 112 % en solicitudes pendientes respecto a 2022.[1].
La Ley italiana 173/2020 establece que los consulados deben resolver las solicitudes en un plazo de entre 24 y 36 meses, pero en la práctica muchos solicitantes han esperado mucho más. Como consecuencia, cada vez más solicitantes recurren a los tribunales italianos, presentando demandas bajo el principio de “denegación de justicia” debido a los retrasos consulares. Esto, a su vez, ha sobrecargado el sistema judicial italiano y los municipios locales, llevando —en 2025— a más de 60.000 procedimientos judiciales pendientes en toda Italia, a pesar de la reforma legal de 2021 que buscó aliviar la presión sobre el Tribunal de Roma transfiriendo la competencia sobre los casos de ciudadanía al tribunal del municipio de nacimiento del antepasado italiano del solicitante.
Los municipios italianos también están en dificultades: un ejemplo clave es el Véneto, región del norte de Italia, donde municipios pequeños (como Val di Zoldo, Valdastico, Tribano y otros), muchos con menos de 1.000 habitantes, gestionan hoy más de 3.000 solicitudes de ciudadanía al año, un volumen que no pueden sostener. Esta combinación de sobrecarga burocrática y litigios sigue complicando el camino hacia la ciudadanía italiana para miles de solicitantes en todo el mundo.
El cambio de modelo y la Reforma 2025
En respuesta a la saturación administrativa y a la presión de las instituciones públicas, el gobierno italiano implementó requisitos más estrictos para obtener la ciudadanía por descendencia mediante el Decreto-Ley 36/2025.
Uno de los objetivos principales de la reforma es reducir la sobrecarga administrativa mediante la introducción de límites generacionales y la exigencia de acreditar un vínculo existente con Italia.
Aunque el principio de jus sanguinis se mantiene, el Decreto-Ley n. 36/2025 representa un cambio hacia un modelo más restringido: limita la ciudadanía automática sin expandir significativamente las vías alternativas (como la naturalización por residencia).
La reforma acerca la normativa italiana a los estándares europeos, permitiendo al mismo tiempo que los descendientes de italianos presenten su solicitud dentro de un marco estructurado y regulado. Aun así, se estima que hasta 60 millones de descendientes de italianos en todo el mundo podrían seguir siendo elegibles bajo las nuevas disposiciones[2].
Conclusión
Las recientes reformas de las leyes de ciudadanía italiana representan un cambio importante, orientado a equilibrar los principios históricos del modelo con la necesidad de gestionar el creciente número de solicitudes y reducir la carga administrativa.
Con la introducción de límites generacionales y requisitos de vínculo con el país, Italia busca garantizar que la ciudadanía siga siendo un lazo significativo y no un mero derecho formal. Si bien estas medidas acercan la normativa italiana a la de otros países europeos, también plantean nuevos desafíos de acceso y herencia para los descendientes de italianos en el extranjero.
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